[LEYES PARA LA MODA] La industria de la moda avanza lento en todo lo relativo a sostenibilidad. Su andar resulta por momentos tan abrumadoramente cansino, que contrasta con la urgencia que se requiere ante la crisis climática (y social) que estamos viviendo. Por lo mismo, la única manera de hacerlos caminar a un tranco más veloz es con nuevos marcos normativos, que muevan la aguja e instalen el "desde" en un estadio más exigente. Europa y EE.UU. están liderando la discusión legislativa, gracias a la inclusión de leyes que aspiran a convertir a la moda en una industria más limpia y justa. Si bien en Chile, no existen proyectos de ley específicos en la materia, si hay algunos que pueden conectarse. Te invito a revisar cuáles serán las nuevas leyes que le imprimirán velocidad al sector.
En Chile no existen leyes específicas que aborden las problemáticas ambientales en torno a la moda, sin embargo, se están tramitando una serie de iniciativas que pueden influir en la manera en que las marcas del sector producen y/o comunican sus propuestas.
Entre ellas encontramos la moción que "Establece la creación de una política nacional de eco etiquetado" (boletín 14540-12); la que "Crea un Sistema Nacional de Certificación de la Huella de Carbono de bienes y servicios destinados al consumidor final" (boletín 14320-12), y la que "Previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen" (boletín 15044-12).
Si bien varias de estas iniciativas se relacionan con temáticas que el Ejecutivo está abordando a través de Acuerdos de Producción Limpia (APL) u otras políticas públicas, su sola incorporación a la discusión legislativa colocan el tema sobre la mesa y producen olas que pueden desembocar en transformaciones de las cuales la escena de la moda local debe estar preparada.
En esa línea, la inclusión de los textiles y ropa en la Ley REP es uno de los grandes bastiones de regulación del sector sobre todo en materia de residuos post-consumo, que ha sido una temática que se ha puesto en el foco debido la creación de zonas de sacrificio producto de los vertederos ilegales de ropa en el norte del país.

En otra materias, el proyecto ley de tallas (boletín 14812-03) también representa un hito en cuanto a la forma en que se confecciona y comercializa la ropa en el territorio, abordando un ámbito poco tratado a nivel legislativo que es el acceso al vestir de toda la población, sin importar sus cuerpos.
Europa se ha convertido en pionera de la elaboración de normativa y/o reglamentos que buscan transparentar la cadena productiva de la moda, así también disminuir sus impactos ambientales y sociales.
Así lo comprobamos en marzo 2022, al revisar el "paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para hacer de los productos sostenibles la norma en la Unión Europea (UE), fomentar los modelos de negocio circulares y capacitar a los consumidores de cara a la transición ecológica".
En este contexto, se propusieron nuevas disposiciones para casi todos los productos comercializados en la región con el fin de minimizar su impacto y lograr su circularidad. En el caso de los textiles, se presentó una estrategia para "sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables a fin de luchar contra la moda rápida, la basura textil y la destrucción de los productos textiles no vendidos, y velar por que su producción se lleve a cabo respetando plenamente los derechos laborales".
En el sitio de la UE señalan que "entre las medidas concretas figuran requisitos de diseño ecológico para los productos textiles, etiquetas más claras, un pasaporte digital de productos y un régimen ampliado obligatorio de la UE de responsabilidad de los productores".
A lo anterior, se suma la propuestas ligada a poner fin al greenwashing. "El plan de acción de Economía Circular 2020 se compromete a que 'la Comisión también propondrá que las empresas justifiquen sus afirmaciones ambientales utilizando métodos de huella ambiental de productos y organizaciones'", especifican.
Esta legislación ya están teniendo una bajada en algunos países del continente como Francia que a partir de 2023 exigirá que cada prenda de vestir que se venda en ese país tenga una etiqueta que detalle su impacto climático preciso (lo mismo se espera para la UE al 2026).
Por su parte en materia social, la UK Modern Slavery Act de 2015 de Reino Unido, buscó responsabilizar a las empresas por los estándares laborales de sus proveedores al exigir una declaración anual que confirmara si la esclavitud y la trata de personas estaban ausentes del negocio y la cadena de suministro. A la fecha, existe un sitio web que informa de los avances de este cuerpo legal y entregas guías de acción.

Al otro lado del charco, en EE.UU., el Fashion Act (cuyo nombre largo es New York Fashion Sustainability and Social Accountability Act) del Estado de Nueva York entrega pistas del camino que puede asumir ese mercado en el mediano plazo. De hecho, la iniciativa busca "que los vendedores minoristas y fabricantes de moda divulguen políticas de debida diligencia ambiental y social; establece un fondo comunitario con el propósito de implementar uno o más proyectos de beneficio ambiental que favorezca directa y verificablemente a las comunidades de justicia ambiental".
Por su parte, desde enero 2021 entró en vigencia la California Transparency in Supply Chains Act (CTSCA), que obliga a los minoristas y fabricantes que operan en el estado y tengan ingresos de más de $100 millones de dólares a "divulgar la información sobre los esfuerzos que han realizado para erradicar la trata de personas y la esclavitud dentro de sus cadenas de suministro en su sitio web o, si una empresa no tiene un sitio web, a través de divulgaciones por escrito".
En el sitio web dedicado a este cuerpo legal se señala que "al aprobar la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro, la Legislatura declaró la intención del Estado de California de garantizar que los grandes minoristas y fabricantes brinden a los consumidores información sobre sus esfuerzos para erradicar la esclavitud y el tráfico de personas de sus cadenas de suministro, educar a los consumidores sobre cómo comprar bienes producidos por empresas que gestionan responsablemente sus cadenas de suministro y, con ello, mejoran la vida de las víctimas de la esclavitud y la trata de personas".
Otro proyecto de ley que inició su tramitación en el Senado y que busca ser ley federal de EE.UU. es FABRIC Act (S.4213), que fue presentada por la senadora Kirsten Gillibrand y que propone importantes nuevas protecciones en el lugar de trabajo e incentivos de fabricación para consolidar a ese país como líder mundial en la producción responsable de prendas de vestir. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del colectivo Re/Make que está realizando una campaña para lograr su pronta aprobación.
¿Conocías algunos estos proyectos de ley o leyes? ¿Qué te parecen? ¿Qué aplicabilidad crees que tendrían en Latinoamérica?
Leyes para la moda en Chile
En Chile no existen leyes específicas que aborden las problemáticas ambientales en torno a la moda, sin embargo, se están tramitando una serie de iniciativas que pueden influir en la manera en que las marcas del sector producen y/o comunican sus propuestas.
Entre ellas encontramos la moción que "Establece la creación de una política nacional de eco etiquetado" (boletín 14540-12); la que "Crea un Sistema Nacional de Certificación de la Huella de Carbono de bienes y servicios destinados al consumidor final" (boletín 14320-12), y la que "Previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen" (boletín 15044-12).
Si bien varias de estas iniciativas se relacionan con temáticas que el Ejecutivo está abordando a través de Acuerdos de Producción Limpia (APL) u otras políticas públicas, su sola incorporación a la discusión legislativa colocan el tema sobre la mesa y producen olas que pueden desembocar en transformaciones de las cuales la escena de la moda local debe estar preparada.
En esa línea, la inclusión de los textiles y ropa en la Ley REP es uno de los grandes bastiones de regulación del sector sobre todo en materia de residuos post-consumo, que ha sido una temática que se ha puesto en el foco debido la creación de zonas de sacrificio producto de los vertederos ilegales de ropa en el norte del país.

En otra materias, el proyecto ley de tallas (boletín 14812-03) también representa un hito en cuanto a la forma en que se confecciona y comercializa la ropa en el territorio, abordando un ámbito poco tratado a nivel legislativo que es el acceso al vestir de toda la población, sin importar sus cuerpos.
Leyes para la moda en Europa y EE.UU
Europa se ha convertido en pionera de la elaboración de normativa y/o reglamentos que buscan transparentar la cadena productiva de la moda, así también disminuir sus impactos ambientales y sociales.
Así lo comprobamos en marzo 2022, al revisar el "paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para hacer de los productos sostenibles la norma en la Unión Europea (UE), fomentar los modelos de negocio circulares y capacitar a los consumidores de cara a la transición ecológica".
En este contexto, se propusieron nuevas disposiciones para casi todos los productos comercializados en la región con el fin de minimizar su impacto y lograr su circularidad. En el caso de los textiles, se presentó una estrategia para "sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables a fin de luchar contra la moda rápida, la basura textil y la destrucción de los productos textiles no vendidos, y velar por que su producción se lleve a cabo respetando plenamente los derechos laborales".
En el sitio de la UE señalan que "entre las medidas concretas figuran requisitos de diseño ecológico para los productos textiles, etiquetas más claras, un pasaporte digital de productos y un régimen ampliado obligatorio de la UE de responsabilidad de los productores".
A lo anterior, se suma la propuestas ligada a poner fin al greenwashing. "El plan de acción de Economía Circular 2020 se compromete a que 'la Comisión también propondrá que las empresas justifiquen sus afirmaciones ambientales utilizando métodos de huella ambiental de productos y organizaciones'", especifican.
Esta legislación ya están teniendo una bajada en algunos países del continente como Francia que a partir de 2023 exigirá que cada prenda de vestir que se venda en ese país tenga una etiqueta que detalle su impacto climático preciso (lo mismo se espera para la UE al 2026).
Por su parte en materia social, la UK Modern Slavery Act de 2015 de Reino Unido, buscó responsabilizar a las empresas por los estándares laborales de sus proveedores al exigir una declaración anual que confirmara si la esclavitud y la trata de personas estaban ausentes del negocio y la cadena de suministro. A la fecha, existe un sitio web que informa de los avances de este cuerpo legal y entregas guías de acción.

Al otro lado del charco, en EE.UU., el Fashion Act (cuyo nombre largo es New York Fashion Sustainability and Social Accountability Act) del Estado de Nueva York entrega pistas del camino que puede asumir ese mercado en el mediano plazo. De hecho, la iniciativa busca "que los vendedores minoristas y fabricantes de moda divulguen políticas de debida diligencia ambiental y social; establece un fondo comunitario con el propósito de implementar uno o más proyectos de beneficio ambiental que favorezca directa y verificablemente a las comunidades de justicia ambiental".
Por su parte, desde enero 2021 entró en vigencia la California Transparency in Supply Chains Act (CTSCA), que obliga a los minoristas y fabricantes que operan en el estado y tengan ingresos de más de $100 millones de dólares a "divulgar la información sobre los esfuerzos que han realizado para erradicar la trata de personas y la esclavitud dentro de sus cadenas de suministro en su sitio web o, si una empresa no tiene un sitio web, a través de divulgaciones por escrito".
En el sitio web dedicado a este cuerpo legal se señala que "al aprobar la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro, la Legislatura declaró la intención del Estado de California de garantizar que los grandes minoristas y fabricantes brinden a los consumidores información sobre sus esfuerzos para erradicar la esclavitud y el tráfico de personas de sus cadenas de suministro, educar a los consumidores sobre cómo comprar bienes producidos por empresas que gestionan responsablemente sus cadenas de suministro y, con ello, mejoran la vida de las víctimas de la esclavitud y la trata de personas".
Otro proyecto de ley que inició su tramitación en el Senado y que busca ser ley federal de EE.UU. es FABRIC Act (S.4213), que fue presentada por la senadora Kirsten Gillibrand y que propone importantes nuevas protecciones en el lugar de trabajo e incentivos de fabricación para consolidar a ese país como líder mundial en la producción responsable de prendas de vestir. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del colectivo Re/Make que está realizando una campaña para lograr su pronta aprobación.
¿Conocías algunos estos proyectos de ley o leyes? ¿Qué te parecen? ¿Qué aplicabilidad crees que tendrían en Latinoamérica?
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